Pie de foto: de izq a der: María Rosa Tapia, presidenta de Seminarium; Francisco Zalles, viceministro de Economía; Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Tecnología; Diana Mejía, representante de CAF Ecuador; Eduardo Engel, Ph.D. en Economía del MIT; Roberto Salas, presidente de InfraMonitor.
Quito, octubre de 2026.- Convertir las necesidades de infraestructura del Ecuador en proyectos con financiamiento, capacidad de ejecución y servicios sostenibles centró el debate del I Foro Ecuatoriano de Infraestructura, organizado por Seminarium e InfraMonitor. Con necesidades estimadas en alrededor de 72.000 millones de dólares para nueva infraestructura, mantenimiento y reemplazo de activos hasta 2030, el encuentro planteó la importancia de fortalecer la planificación y generar condiciones para atraer inversión privada que resguarde el interés público.
Durante su intervención en el I Foro Ecuatoriano de Infraestructura 2026, el Ministro Roberto Luque destacó que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, Ecuador necesitará cerca de USD 72.000 millones en infraestructura hasta el 2030, en sectores como transporte, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones — una brecha que exige nuevas formas de planificar, financiar y ejecutar proyectos con visión de largo plazo y colaboración público-privada.
Frente a este desafío, el Ministro anunció que el Plan Nacional de Repotenciación de Infraestructura Logística contempla 18 proyectos estratégicos con una cartera aproximada de USD 2.500 millones, de los cuales 9 ya se encuentran en ejecución. «El Estado no puede asumir estos desafíos por sí solo. Necesitamos la colaboración del sector privado», afirmó Luque.
Además, el viceministro de Economía, Francisco Zalles, mencionó que en 2025, Ecuador movilizó 63,4 millones de toneladas de carga en sus puertos. La Autoridad Portuaria de Guayaquil registró 13,5 millones de toneladas, un 34% más que el año anterior. Representando una oportunidad importante para el crecimiento económico.
El encuentro, que se desarrolló en el Club La Unión de Quito, abordó las condiciones técnicas, jurídicas, fiscales y financieras necesarias para que las iniciativas avancen desde un portafolio de proyectos hasta su construcción y operación. La agenda se concentró en salud, vialidad, logística y movilidad, sectores que inciden directamente en la productividad y la calidad de vida.
La experiencia regional aportó elementos para esta discusión. Luis del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN Perú, abordó el tránsito del portafolio al cierre financiero, con referencias a las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y los proyectos en activos. Por su parte, Manuel Felipe Gutiérrez, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, participó en el análisis sobre la ejecución de proyectos sostenibles.
La protección del interés público fue otro de los ejes del foro. Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía por el MIT, examinó cómo atraer capital privado mediante asociaciones público-privadas que incorporen una adecuada distribución de riesgos y mecanismos de supervisión. El debate puso sobre la mesa la importancia de fortalecer las capacidades del Estado para contratar y supervisar inversiones de largo plazo.
En materia de financiamiento, representantes del Viceministerio de Inversiones Público-Privadas y Delegaciones, CAF, BID Invest, Banco Pichincha, Fiducia y Coronel & Pérez analizaron las condiciones que permiten generar confianza y facilitar el acceso de los proyectos a recursos financieros. La discusión incluyó mecanismos de financiamiento y aspectos tributarios y regulatorios que inciden en su viabilidad.
La agenda también conectó la infraestructura con la competitividad. Alberto Dahik abordó qué infraestructura podría financiar Ecuador con horizonte a 2040, mientras que Cristina Lazo, de DP World, analizó la seguridad y la productividad de los sistemas logísticos y su impacto en el comercio exterior. Por su parte, Martín Moreda, de Contecon, examinó la proyección portuaria frente al crecimiento del Ecuador para el período 2026-2030.
En salud, representantes de DIFARE, IBT Group Perú, CAF, ATREVIA y UNOPS examinaron cómo lograr servicios que funcionen para la población. El enfoque incorporó la disponibilidad, el mantenimiento, la operación y la calidad de la atención como criterios indispensables para evaluar las inversiones sanitarias.
Para Seminarium, esta primera edición abrió un espacio de diálogo más especializado sobre infraestructura, orientado a conectar el conocimiento técnico con las decisiones públicas y privadas. Junto con InfraMonitor, la organización buscó aportar recomendaciones para una agenda de largo plazo que permita identificar proyectos prioritarios, fortalecer capacidades institucionales y traducir las inversiones en mejores servicios para la ciudadanía.
