Pie de foto: de Izquierda a Derecha: Nathaly Morillo, ministra de Gobierno; Diana Ramírez, ministra de Trabajo y Desarrollo Humano y Anja Papenfuss, jefa de la Cooperación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Ecuador.
Quito, 26 de octubre de 2026.— Autoridades de Estado, entre ellas Bernardo Antonio Cordovez Cereced, ministro de Desarrollo Económico y Productivo; Nathaly Morillo, ministra de Gobierno; y Diana Ramírez, ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, participaron en el Summit Empresarial “Empresas que Transforman”, junto con líderes empresariales, representantes de gremios y organismos de cooperación internacional. El encuentro promovió la prevención de la violencia contra las mujeres como parte de la gestión empresarial y la construcción de entornos laborales seguros, equitativos y productivos.
La jornada, impulsada por la Cooperación Alemana GIZ, contó también con la participación de Ignez Tristão, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Ecuador, y de empresas e instituciones comprometidas con la erradicación de la violencia y la discriminación en los espacios de trabajo.
A través de conferencias, paneles y espacios de intercambio, los participantes analizaron la relación entre prevención, gobernanza, productividad, cultura organizacional y cadena de valor. Las intervenciones destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre los sectores público y privado para incorporar la prevención en las políticas y prácticas empresariales, promover la igualdad de oportunidades y contribuir al bienestar de las personas.
“Para el Gobierno Nacional es fundamental reconocer a las empresas que garantizan los derechos laborales y promueven entornos seguros y respetuosos para las mujeres. El Sello Empresa Segura refleja ese compromiso de poner a las personas en el centro. Este encuentro, impulsado por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GIZ, permite compartir buenas prácticas y fortalecer la articulación entre el Estado, el sector empresarial y la cooperación internacional para avanzar como país”, manifestó Diana Ramírez, Ministra de Trabajo y Desarrollo Humano.
Por su parte, Nathaly Morillo, Ministra de Gobierno, destacó: “La prevención de la violencia contra las mujeres dentro de las empresas exige un liderazgo comprometido, políticas internas y protocolos de atención frente al acoso sexual. Este año, 164 empresas se inscribieron en el Sello Empresa Segura y 94 avanzaron a la fase de acompañamiento técnico, un paso clave para fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia”.
Uno de los principales ejes de la agenda fue “Liderazgo y gobernanza: la prevención como decisión de negocio”. En este espacio, representantes de la alta dirección empresarial analizaron cómo integrar la prevención de la violencia contra las mujeres en la toma de decisiones y en los objetivos estratégicos de sus organizaciones. El diálogo resaltó la responsabilidad de los líderes de definir compromisos, fortalecer las políticas internas y garantizar la continuidad de las acciones de prevención.
La productividad también ocupó un lugar central en la conversación. Los participantes examinaron la relación entre el bienestar de los equipos, el desempeño laboral y la competitividad, así como los efectos de la violencia y la discriminación sobre estas dimensiones. En este contexto, subrayaron la necesidad de adoptar medidas que favorezcan la seguridad, la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres.
“Este encuentro reúne a quienes tienen la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres y fortalecer el aparato productivo. La articulación entre el sector privado, los gremios empresariales y la sociedad civil es fundamental para avanzar en este propósito. Quiero reconocer a las empresas que, con sus esfuerzos de capacitación, demuestran que la inversión social y el desarrollo empresarial pueden avanzar juntos. Hoy, sus historias se comparten para inspirar a otros a actuar”, expresó Anja Papenfuss, Jefa de la Cooperación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Ecuador.
Durante la jornada también se abordaron las consecuencias económicas y organizacionales de la violencia contra las mujeres. Según el estudio Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador, desarrollado por la Universidad de San Martín de Porres en el marco del programa PreViMujer de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ, las grandes y medianas empresas privadas del país registran pérdidas estimadas en USD 1.800 millones anuales, equivalentes al 1,65 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La investigación identificó que aproximadamente el 60 % de estas pérdidas está relacionado con el presentismo, fenómeno que ocurre cuando una persona permanece en su puesto de trabajo, pero su concentración y desempeño se ven afectados. Estos hallazgos refuerzan la importancia de incorporar la prevención en la gobernanza, la gestión del talento humano y las estrategias de productividad, mediante acciones medibles y sostenidas.
En este contexto, el Sello Empresa Segura reconoce a las organizaciones que implementan políticas y prácticas para prevenir la violencia contra las mujeres y promover una cultura organizacional equitativa. De acuerdo con la información proporcionada por la organización del evento, alrededor de 200 organizaciones han recibido este reconocimiento desde su creación en 2022.
Los asistentes participaron, además, en mesas temáticas de trabajo colaborativo y recorrieron la Expo Showcase, un espacio interactivo que presentó experiencias, metodologías y soluciones desarrolladas por empresas acreditadas con el Sello Empresa Segura. Estas actividades facilitaron el intercambio de conocimientos y la identificación de herramientas aplicables a diferentes realidades organizacionales.
El Summit Empresarial “Empresas que Transforman” concluyó con un llamado a convertir el compromiso de los sectores público y privado en acciones concretas. La jornada reafirmó la necesidad de avanzar con políticas de prevención, resultados verificables y prácticas que se extiendan a toda la cadena de valor, para proteger los derechos de las mujeres y fortalecer la sostenibilidad empresarial.
