Quito, marzo de 2026.- En un momento en que el país enfrenta el desafío de reducir el déficit habitacional y dinamizar su economía, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca algo más que construir casas: pretende reconstruir la confianza entre el Estado y el sector privado.
La iniciativa, presentada por el presidente de la República, plantea incentivos tributarios para las empresas que inviertan en proyectos de vivienda social dirigidos a familias de bajos recursos. El eje central de la reforma contempla la posibilidad de deducir hasta un 30 % del impuesto a la renta a aquellas compañías que aporten recursos o infraestructura para este tipo de desarrollos.
Para el Arq. Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, la propuesta marca un punto de inflexión. “Estamos frente a una oportunidad histórica para consolidar alianzas entre el Estado y el sector privado. Cuando existen incentivos claros y reglas transparentes, el sector responde”, afirma.
Proaño sostiene que la vivienda social no debe entenderse únicamente como una política asistencial, sino como una inversión estratégica en estabilidad y desarrollo. “Cada proyecto habitacional genera empleo directo e indirecto, activa la cadena de valor de la construcción y fortalece la economía local. Es una apuesta que impacta mucho más allá de la entrega de llaves”, enfatiza.
El planteamiento oficial no llega aislado. Se alinea con otras medidas recientes orientadas a mejorar el acceso al financiamiento, como la ampliación de plazos en créditos Miti-Miti, tasas preferenciales impulsadas desde el Biess y estímulos fiscales para infraestructura habitacional. El mensaje es claro, la construcción vuelve a posicionarse como uno de los pilares de la agenda económica.
En el gremio existe expectativa, pero también prudencia. La reforma deberá ser debatida en la Asamblea Nacional y su impacto dependerá en gran medida de la reglamentación que la acompañe. Empresarios del sector coinciden en que la seguridad jurídica y la claridad normativa serán determinantes para atraer inversión y garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
De concretarse en los términos anunciados, la propuesta podría convertirse en un catalizador de desarrollo: reducir el déficit habitacional, ampliar el acceso a vivienda digna y, al mismo tiempo, dinamizar uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo en el país.
La ecuación, al menos en el papel, parece virtuosa. El reto será transformar la intención política en resultados tangibles. Porque en materia de vivienda social, cada cifra representa algo más que estadísticas representa hogares, estabilidad y futuro.
