Quito, Ecuador – En el marco del evento “De la detección a la acción”, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) presentó oficialmente el Observatorio de Comercio Ilícito, una iniciativa pionera que busca generar evidencia, monitorear el fenómeno, proponer mejores políticas públicas y visibilizar el impacto del comercio ilegal en el país.
El comercio ilícito representa una amenaza estructural para el sector productivo ecuatoriano, afectando directamente la competitividad de 7 de cada 10 empresas. Además, se ha convertido en una puerta abierta para el crimen organizado, con implicaciones profundas en la seguridad, la salud pública y la recaudación fiscal.
“Combatir el comercio ilegal exige compromiso colectivo. Esta no es una lucha de un solo sector, sino una causa nacional que requiere alianzas duraderas entre el Estado, la empresa privada, la academia y la ciudadanía”, enfatizó María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la CIP.
Durante el evento, se destacó la necesidad de fortalecer los canales de denuncia, modernizar los controles aduaneros, endurecer el marco normativo y sensibilizar al consumidor. En 2023, las pérdidas fiscales por comercio ilícito ascendieron a 500 millones de dólares, mientras que en 2024 se registraron incautaciones por 118 millones, según datos de la CIP.
Desde el sector público, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha liderado más de 10 mil actuaciones de control, recaudando 5 millones de dólares en productos como celulares, cigarrillos, licores y productos dermatológicos. Además, se han implementado herramientas tecnológicas como ORION y PALANTIR, que utilizan inteligencia artificial para reforzar la trazabilidad y el control fiscal.
“La articulación entre instituciones como la UAFE, SENAE, ARCSA y el Ministerio del Interior ha sido clave para detectar flujos financieros ilícitos y coordinar operativos nacionales e internacionales”, señaló Carlos Jaramillo, Director Nacional de Control Tributario del SRI.
La academia también se suma a esta lucha. La Universidad San Francisco de Quito, ha desarrollado estudios sobre consumo de productos alternativos y evasión fiscal en el rubro de tabaco, estimando pérdidas de aproximadamente 2.000 millones de dólares a raíz de las reformas tributarias de 2024 y 2026 que incrementaron impuestos a los cigarrillos.
“La participación académica garantiza independencia, rigurosidad y sistematización. Los hallazgos permiten diseñar políticas replicables en sectores como medicamentos y bebidas alcohólicas”, explicó Franklin Velasco, Vicedecano del Colegio de Administración de Empresas de la USFQ.
Finalmente, María Carolina Uribe, Gerente de Prevención y Comercio Ilícito para la Región Andina de Philip Morris International, alertó que 8 de cada 10 cigarrillos que se comercializan en Ecuador son de contrabando, lo que genera especial preocupación en la medida que el comercio ilícito de cigarrillos es la fuente de financiación de los Grupos de Delincuencia Organizada que están impactando directamente en la seguridad de los ciudadanos.
Hoy en día, la lucha contra la inseguridad y la desarticulación de los Grupos de Delincuencia Organizada, GDO´s es la prioridad del Gobierno Ecuatoriano. En ese sentido, la unión de actores como los gremios, la empresa privada y la academia es fundamental para sumar esfuerzos.
El Observatorio de Comercio Ilícito nace como una herramienta estratégica para enfrentar esta problemática con datos reales, propuestas concretas y un enfoque multisectorial. La CIP reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la legalidad, la transparencia y la competitividad del mercado ecuatoriano.
