Quito, Ecuador. La reciente reforma al Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal incorpora nuevas herramientas para enfrentar uno de los principales problemas que afecta a edificios y conjuntos residenciales del país: la morosidad en el pago de alícuotas. La normativa permitirá aplicar intereses a las deudas pendientes y restringir el acceso a determinados servicios comunales a quienes incumplan con sus obligaciones, sin afectar el acceso a la vivienda ni a los servicios básicos.
De acuerdo con Joan Proaño, CEO de Promotora Inmobiliaria Proaño | Proaño y vicepresidente de Constructores Positivos, entre el 10 % y el 20 % de los copropietarios en propiedades horizontales mantiene pagos pendientes, una situación que compromete el funcionamiento de las comunidades.
«La morosidad no solo afecta las finanzas de la administración, sino también la calidad de vida de todos los residentes. Cuando un grupo deja de pagar sus alícuotas, se ponen en riesgo servicios esenciales como la seguridad, el mantenimiento de ascensores, bombas de agua, limpieza y conservación de las áreas comunes», señaló Proaño.
La reforma otorga respaldo legal a mecanismos de cobro que en muchos casos ya eran aplicados por las administraciones, permitiendo limitar el acceso a servicios recreativos y comunales —como piscinas, gimnasios, canchas deportivas u otros espacios de uso compartido— a los copropietarios morosos. No obstante, la normativa mantiene como principio que ninguna persona podrá ser impedida de ingresar a su vivienda ni se podrá restringir el acceso a servicios básicos individuales como agua o energía eléctrica.
Para Proaño, el principal cambio es la incorporación del cobro de intereses por mora, una medida que fortalecerá la capacidad de gestión de las administraciones.
«La reforma incorpora un mecanismo efectivo para incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Con intereses sobre los valores vencidos, las administraciones cuentan con una herramienta legal mucho más sólida para proteger el bienestar de toda la comunidad», afirmó.
Así también, aclaró que la normativa aplica exclusivamente a inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad horizontal, como edificios y conjuntos residenciales donde el terreno se encuentra dividido en alícuotas. En cambio, las urbanizaciones tradicionales con lotes independientes quedan fuera de este alcance, salvo que también estén legalmente constituidas bajo dicho régimen. Una vez publicada la reforma en el Registro Oficial, las administraciones contarán con mayores herramientas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas, aunque las asambleas de copropietarios conservarán la facultad de analizar casos excepcionales de comprobada dificultad económica y, de considerarlo pertinente, establecer mecanismos de apoyo o condonación de intereses.
Finalmente, Proaño destacó que la reforma busca fortalecer la corresponsabilidad entre los residentes y preservar el valor de las propiedades. «Las comunidades funcionan cuando todos aportan. El cumplimiento de las alícuotas permite mantener la seguridad, conservar la infraestructura y proteger la plusvalía de los inmuebles. Esta reforma beneficia a la mayoría de propietarios que sí cumplen con sus obligaciones», concluyó.
