- En América Latina y el Caribe, apenas el 13% de las organizaciones confía en la preparación de su región frente a incidentes digitales: la cifra más baja del mundo.
- El 23% de las entidades del sector público a nivel mundial reconoce que sus capacidades de ciberresiliencia son insuficientes, frente al 11% en el sector privado.
- Las organizaciones deberán notificar los incidentes de ciberseguridad en un plazo máximo de 72 horas ante la autoridad competente.
- El incumplimiento de la Ley contempla sanciones de entre el 0,1% y el 1,5% de la facturación anual, según la gravedad de la infracción.
Quito, junio de 2026.- La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Ciberseguridad en Ecuador plantea nuevos desafíos para las organizaciones, que deberán fortalecer sus capacidades para gestionar riesgos digitales, proteger información crítica y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La necesidad de fortalecer estas capacidades es cada vez más evidente. El Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial revela que el 23% de las organizaciones del sector público a nivel mundial considera insuficientes sus capacidades de ciberresiliencia, frente a un 11% en el sector privado. La brecha es todavía mayor a nivel regional: apenas el 13% de las organizaciones en América Latina y el Caribe confía en la preparación de su región frente a incidentes digitales, la cifra más baja entre todas las regiones evaluadas por el estudio.
Ante este escenario, la nueva Ley establece un marco de gobernanza para proteger infraestructuras críticas, servicios esenciales, entidades públicas y determinados proveedores digitales. La normativa incorpora obligaciones relacionadas con la gestión de riesgos, el monitoreo permanente, el reporte de incidentes y los programas de cumplimiento, además de establecer mecanismos de coordinación nacional y sancionatorios. Entre sus exigencias más concretas está la notificación de incidentes de ciberseguridad en un plazo máximo de 72 horas, lo que obliga a las organizaciones a contar con capacidades de monitoreo y respuesta ya operativas, no en construcción.
Para José Escobar, gerente de Data Center & Ciberseguridad de SONDA Ecuador, la aprobación de esta Ley representa un cambio en la forma en que las empresas deben abordar la seguridad digital. “La nueva Ley obliga a las organizaciones a pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo. Las empresas deben demostrar que gestionan sus riesgos, monitorean sus sistemas y están preparadas para mantener la continuidad de sus operaciones. Quien no lo haga no solo enfrenta una sanción económica, también pone en juego la confianza de sus clientes y la continuidad de su negocio”, señaló.
Frente a esta nueva regulación, el experto identifica cinco capacidades que las organizaciones deberían fortalecer para avanzar hacia una gestión efectiva de la ciberseguridad:
- Gestión continua del riesgo cibernético: Identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos de forma permanente, incorporando la ciberseguridad en la gestión integral de la organización.
- Monitoreo y detección temprana: Contar con capacidades de monitoreo continuo para identificar anomalías y responder antes de que una amenaza afecte la operación.
- Respuesta y recuperación ante incidentes: Establecer procedimientos para contener incidentes, recuperar los servicios y minimizar el impacto operativo y reputacional.
- Gobierno y cumplimiento en ciberseguridad: Implementación de políticas, controles, responsables y programas que demuestren el cumplimiento de la normativa y una adecuada gestión de la seguridad de la información.
- Continuidad operativa y resiliencia digital: Garantizar que los procesos críticos puedan mantenerse o recuperarse rápidamente frente a un incidente.
La normativa clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, y contempla sanciones de entre el 0,1% y el 1,5% de la facturación anual para las organizaciones que incumplan sus obligaciones. Entre los criterios para determinar las multas se encuentran el daño ocasionado, el nivel de riesgo generado, la negligencia, la reincidencia, la cooperación con las autoridades y la existencia de programas de cumplimiento.
Actualmente, la ciberseguridad es una prioridad estratégica. La nueva Ley impulsa a las empresas e instituciones a fortalecer sus capacidades de prevención, monitoreo y respuesta para proteger sus operaciones, resguardar la confianza de sus usuarios y construir una mayor resiliencia frente a los riesgos del entorno digital.
